Durante décadas, las obligaciones derivadas de la extinción de una relación laboral se analizaron casi exclusivamente desde el derecho del trabajo. La creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), sin embargo, suma un nuevo actor a esa conversación: el mercado de capitales.

La Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, surgida de la reforma laboral, creó estos fondos para coadyuvar al cumplimiento de determinadas obligaciones derivadas de la finalización de relaciones laborales del sector privado. Su funcionamiento fue reglamentado por el Decreto 408/2026 y, el pasado 16 de septiembre, la Comisión Nacional de Valores aprobó la Resolución General 1167/2026, que completó la arquitectura regulatoria de los Productos de Inversión Colectiva a través de los cuales se administrarán estos recursos. El régimen entra en vigencia el 1.º de noviembre de 2026.

Detrás de esa estructura jurídica aparece una cuestión económica de mayor alcance: ¿qué ocurre cuando contribuciones empresariales periódicas, destinadas a atender futuras contingencias laborales, comienzan a ser administradas e invertidas en el mercado de capitales mientras no se las necesite para esa finalidad?

Una primera aclaración resulta indispensable: los FAL no eliminan ni reemplazan el régimen indemnizatorio vigente. La propia reglamentación establece que su finalidad es coadyuvar al cumplimiento de esas obligaciones, sin modificar el sistema indemnizatorio. Lo novedoso está en la arquitectura financiera diseñada para respaldarlo.

Cada empleador contará con un patrimonio separado, independiente, inembargable y de afectación específica. Esos recursos podrán administrarse mediante Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Asistencia Laboral o Fideicomisos Financieros de Asistencia Laboral, a través de entidades habilitadas y bajo supervisión de la CNV.

Es allí donde el FAL deja de ser únicamente un tema laboral. Los recursos acumulados no quedarán inmovilizados hasta que se produzca una desvinculación: serán invertidos bajo criterios de seguridad, liquidez, diversificación, transparencia y preservación del capital. Recursos destinados a cubrir una obligación laboral pasan, al mismo tiempo, a conformar patrimonios administrados dentro del sistema financiero.

Todavía no existe un volumen efectivo de fondos que permita medir el impacto real del régimen. Como la implementación comienza en noviembre, cualquier cálculo actual debe leerse como una estimación de su potencial y no como dinero que ya esté ingresando al mercado.

Aun así, hay proyecciones que permiten aproximarse a su magnitud. Un estudio publicado en abril por la Bolsa de Comercio de Rosario, sobre la base de estimaciones de AXIS, administradora de fondos comunes de inversión del Grupo MAV, partió de estos supuestos:

• cerca de 6,2 millones de trabajadores en el sector privado registrado, con un salario bruto promedio de aproximadamente $2.150.000 mensuales;
• una masa salarial privada registrada cercana a los $13,3 billones mensuales;
• una distribución del empleo de 35% en grandes empresas y 65% en MiPyMEs, con alícuotas de 1% y 2,5% respectivamente.

El resultado fue un flujo potencial de aproximadamente $263.268 millones mensuales. Al tipo de cambio de aquel momento, unos US$2.179 millones anuales. Esa equivalencia corresponde a las condiciones cambiarias de abril y no debe leerse como una valuación actual.

Tampoco se trata de una proyección oficial. El volumen final dependerá de la evolución de los salarios, el empleo registrado, la composición empresarial y la implementación efectiva del régimen. Con esas precauciones, la estimación permite dimensionar el fenómeno y formular una pregunta relevante: si el sistema alcanza escala, ¿pueden los FAL convertirse en una nueva fuente de capital institucional para el mercado argentino?

Argentina enfrenta desde hace décadas un desafío estructural: desarrollar un mercado de capitales capaz de canalizar ahorro hacia financiamiento de mediano y largo plazo. Desde esa perspectiva, los FAL tienen una característica particularmente interesante: las contribuciones ingresarán de forma periódica y los recursos deberán administrarse hasta que se los necesite. Podría generarse así un flujo recurrente de capital que necesitará instrumentos donde invertirse.

Pero que los FAL puedan movilizar un volumen significativo de recursos no significa que todo ese dinero vaya a financiar directamente a empresas privadas. La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía estableció un universo de inversión prudencial: deuda del Estado Nacional, deuda de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depósitos en entidades financieras y obligaciones negociables de empresas argentinas.

Las obligaciones negociables, uno de los canales que permitiría dirigir parte de estos recursos al financiamiento corporativo, tienen un límite agregado del 20% del patrimonio, además de requisitos de oferta pública, negociación en mercados autorizados y calificación de riesgo. Al mismo tiempo, las administradoras deberán mantener como mínimo un 10% del patrimonio en activos de alta liquidez y bajo riesgo, porque estos fondos no fueron creados para maximizar rentabilidad sino para estar disponibles cuando deban cumplir su finalidad.

La regulación revela así una tensión central: buscar rendimiento sin perder de vista que el objetivo principal es preservar capital y garantizar liquidez. Una cartera excesivamente conservadora podría no preservar el valor real de los recursos. Una búsqueda desmedida de rentabilidad podría sumar riesgos incompatibles con la finalidad del fondo. Y una estrategia sin suficiente liquidez podría generar dificultades justo cuando esos recursos deban utilizarse.

La transparencia también tendrá un papel relevante. La reglamentación de la CNV incorporó la "Ficha FAL", que deberá publicarse mensualmente con el patrimonio del vehículo, la composición de la cartera, sus principales tenencias y su rendimiento histórico neto de honorarios. No es un detalle menor: si estos fondos alcanzan el volumen proyectado, contar con información comparable permitirá evaluar cómo se invierten los recursos, qué riesgos se asumen y qué resultados obtiene cada vehículo.

A mi entender, uno de los aspectos más interesantes del nuevo régimen está en dejar de observar los Fondos de Asistencia Laboral exclusivamente desde la óptica del derecho del trabajo. Existe también una dimensión financiera: si el sistema logra escala, administración profesional, transparencia y estabilidad regulatoria, podría contribuir a ampliar la base de capital institucional disponible en Argentina.

Eso no significa asumir que el impacto será necesariamente positivo ni que las estimaciones iniciales vayan a materializarse. La magnitud final dependerá de la implementación, de las condiciones macroeconómicas, de la evolución del empleo y los salarios y, especialmente, de la capacidad del mercado para ofrecer instrumentos compatibles con las exigencias de seguridad y liquidez del régimen.

Pero el cambio conceptual ya es significativo. A partir del 1.º de noviembre, recursos constituidos para atender contingencias laborales comenzarán a integrarse, mientras no sean requeridos para esa finalidad, al circuito de inversión institucional argentino.

La discusión, entonces, ya no pasa solamente por cuánto dinero podrían acumular los Fondos de Asistencia Laboral. La pregunta verdaderamente relevante es otra: ¿podrá el mercado de capitales transformar ese nuevo flujo en mayor profundidad, mejores instrumentos y más financiamiento para la economía real, sin perder de vista la finalidad laboral que les dio origen? La respuesta comenzará a construirse cuando las estimaciones dejen lugar a los primeros resultados.

Fuentes: Ley 27.802 de Modernización Laboral; Decreto 408/2026; Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía; Comisión Nacional de Valores, Resolución General 1167/2026; Bolsa de Comercio de Rosario, "El Fondo de Asistencia Laboral y sus oportunidades para el mercado de capitales" (con estimaciones de AXIS).