La crisis en el estrecho de Ormuz confirma que la geoeconomía ya no puede separarse de la geopolítica. Semiconductores, tierras raras y rutas comerciales se convirtieron en las nuevas fichas del tablero internacional, y también en una oportunidad para países como la Argentina.

Por Oscar Moscariello, politólogo, ex embajador en Portugal

El expresidente francés François Mitterrand decía que la política sigue los caminos de la geografía. El estrecho de Ormuz demuestra, una vez más, hasta qué punto tenía razón, y cómo la geopolítica ya no puede entenderse de manera independiente de la geoeconomía.

En efecto, la crisis del estrecho de Ormuz no tiene que ver solamente con la energía, sino con una transformación más profunda del sistema internacional. Durante décadas, la economía global se construyó sobre una lógica de creciente interdependencia. La prioridad era la eficiencia. Producir donde fuera más barato, transportar rápido, reducir inventarios, conectar mercados eran las reglas del juego. La geografía parecía cada vez más irrelevante, un accidente que la tecnología y el libre comercio terminarían por borrar.

Hoy sabemos que esa interdependencia tiene otra cara: la vulnerabilidad. Cuanto más integrada está una economía, mayor es el impacto potencial de una interrupción en determinados puntos críticos. Basta pensar en Taiwán, donde una sola empresa concentra una parte decisiva de la fabricación mundial de los semiconductores más avanzados, o en las tierras raras, de cuyo procesamiento China controla cerca del 90% a nivel mundial.

No hablamos, entonces, únicamente de comercio marítimo. Semiconductores, minerales críticos, cables submarinos, puertos, satélites, centros de datos, plataformas digitales o sistemas de pagos son también infraestructuras y recursos sobre los que hoy se construye poder. Su disponibilidad ya no depende únicamente de precios, oferta y demanda: depende cada vez más de decisiones políticas y alianzas estratégicas.

La respuesta de los principales bloques económicos a este nuevo juego de fuerzas ha sido una creciente búsqueda de seguridad económica. Políticas industriales vinculadas a consideraciones de seguridad nacional, controles de exportación o contratos de defensa reservados a socios de confianza se convirtieron en la moneda corriente.

Estamos pasando, en cierta medida, de un mundo organizado alrededor del just in time a otro cada vez más preocupado por el just in case: no basta con saber cuánto cuesta algo, importa también saber quién puede interrumpir su suministro, en qué condiciones y con qué consecuencias.

Los números son claros. Las importaciones del G20 afectadas por medidas comerciales, principalmente aranceles, pasaron de representar el 13% del total hace un año al 22% actual, según el último informe de la Organización Mundial del Comercio. Se trata del mayor incremento en la historia de este mecanismo de seguimiento, en línea con una tendencia que ya veníamos señalando.

Nada de esto es coyuntural. La fragmentación no es un episodio pasajero que la diplomacia o el próximo ciclo económico vayan a revertir. Su motor no es solo el cálculo estratégico, también es algo más difícil de reparar: la erosión de la confianza entre los grandes actores internacionales. Cuando cada país empieza a preguntarse no cuánto le cuesta depender de otro, sino qué le puede llegar a costar esa dependencia el día en que la relación se deteriore, la respuesta racional deja de ser la eficiencia y pasa a ser el control. Y el control, a diferencia de la eficiencia, no tiene techo.

La realidad del Golfo es un ejemplo notable de esta lógica: toda decisión política tiene consecuencias económicas, y toda dependencia estratégica tiene un precio. En ese mismo tablero, la geografía de la Argentina y sus recursos representan una oportunidad que el país debería empezar a mirar con la misma seriedad con la que hoy se mira Ormuz.