Francos anunció que, una vez aprobado el RIGI, el Gobierno quiere obtener una nueva ley promocional para el sector de las empresas pymes

La Ley Bases aprobó el régimen de incentivo (RIGI), para sociedades que inviertan al menos u$s200 millones, las que tendrán rebajas impositivas y cambiarias, y una seguridad jurídica extra.

Y este mismo jueves a la tarde, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el próximo paso para el Gobierno es impulsar una nueva Ley Pyme.

En un día clave, y en medio del debate crucial de la Ley Bases, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estuvo presente en el Congreso Nacional Pyme, que se desarrolla en La Rural y anticipó que el Gobierno está trabajando en "herramientas clave" para fortalecer el sector.

El actual funcionario recordó su experiencia como empresario en dicho segmento y aseguró que la idea de tener una Ley Pyme es atraer inversiones, generar puestos de trabajo y potenciar el financiamiento.

Fuentes oficiales comentaron a iProfesional que, de esta manera, Francos hizo referencia a una nueva ley en la que está trabajando el Gobierno y que, con sus palabras, llamó al sector de las pequeñas y medianas empresas a participar en el diseño de la nueva normativa.

"Tengo claro cuáles con las dificultades del sector. Mucho tiene que ver con la gestión diaria. Les venimos a pedir que sean partícipes. Tienen gente (en el Gobierno) que los va a escuchar para hacer una ley que le dé soluciones a los problemas económicos heredados", dijo Francos, ante la audiencia de empresarios pymes.

Algunos opositores criticaron al  RIGI porque aplica a grandes proyectos que involucren una inversión de largo plazo por un monto igual o mayor a u$s200 millones, y no tiene en cuenta a las pymes.

En el primer y segundo año, se deberá cumplir una inversión en activos computables no inferior al 40% del valor total del proyecto,contados desde la fecha de aprobación del plan.

También prevé un tratamiento diferencial para inversiones exportables, consideradas "estratégicas y de largo plazo", cuya inversión deberá ser igual o superior a u$s1.000 millones. En estos casos, se prevén mejoras cambiarias específicas, más la posibilidad de otras de tipo reglamentario.

El RIGI establece un plazo de 2 años para acogerse, prorrogable por 1 año más, así como 30 años de aplicabilidad de los beneficios del régimen desde la fecha de adhesión.

Las empresas que podrán aplicar al RIGI se llaman Vehículo de Proyecto de Inversión (VPU, también conocidos como sociedades de propósito específico), pudiendo ser sociedades anónimas y SRL, sucursales de sociedades del exterior, y cualquier UTE o contrato asociativo, explica Leonardo J. Fernández, socio gerente de FLJ Consultores.

Javier Constanzó y Leonel Zanotto, socios de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, detallan lo siguiente en materia de estabilidad legal e impositiva para las inversiones, así como seguridad jurídica:

El RIGI garantiza la estabilidad normativa por el plazo de 30 años, garantía que impide que nuevos tributos, aranceles, o nuevas normas, establezcan condiciones más gravosas respecto a cada proyecto. Por ejemplo, prevé que los nuevos tributos que se creen luego de la fecha de adhesión, no serán de aplicación. La estabilidad involucra aspectos tributarios, aduaneros y cambiarios

En relación con disputas de arbitrajes de inversión, el RIGI aclara expresamente que los derechos adquiridos bajo ese régimen se considerarán inversiones protegidas en el sentido previsto en los tratados bilaterales de inversión (TBI) que resulten aplicables, y por un panel de árbitros imparcial y a ser sustanciado fuera de Argentina.

Se crean certificados de crédito fiscal para pagar el IVA correspondiente a compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso o por inversiones de obras de infraestructura y/o servicios necesarios para su desarrollo y construcción, señalan Costanzó y Zanotto, y sostienen:

Los certificados de crédito fiscal para los proveedores que los reciban tendrán tratamiento de "ingreso directo" de impuesto, es decir conforman Saldo de libre disponibilidad con posibilidad de compensación con otros impuestos o incluso solicitarle la devolución de esos montos involucrados a la AFIP.

En caso de que el proveedor solicite la devolución y la AFIP no proceda a la misma en un plazo máximo de 3 meses, el sujeto beneficiario podrá transferir los remanentes de dichos saldos no utilizados a terceros sin necesidad de aprobación previa por parte de AFIP. Como siempre, luego AFIP conserva el derecho de verificar la operación.

Fernández precisa que se establecen flexibilidades en torno a la liquidación de divisas por el cobro de exportaciones. El porcentaje de liberación de liquidar las divisas en el país va subiendo, llegando al 100 % a partir del tercer año de puesta en marcha del VPU.

Además, considera los siguientes beneficios cambiarios y contables:

Con la aprobación de la Ley Bases y el RIGI para las grandes inversiones, ahora el Gobierno va por la promoción de las pymes con la diseña de una nueva normativa para el sector.

Fuente IProfesional