El Gobierno envió al Congreso un nuevo régimen de incentivos para megainversiones en sectores tecnológicos que hoy no existen en el país. Con beneficios fiscales, estabilidad normativa por 30 años y libre disponibilidad de divisas, la iniciativa busca reposicionar a Argentina en las cadenas globales de valor.

El martes 26 de mayo de 2026, el presidente Javier Milei firmó el Mensaje N° 181/2026 junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y lo remitió a la Cámara de Diputados. Su nombre técnico es Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. Su nombre popular ya circula en los despachos del poder económico: Súper RIGI. La propuesta no es una actualización cosmética del régimen de inversiones aprobado en la Ley Bases de 2024. Es un esquema autónomo, diseñado para un segmento diferente: proyectos de al menos USD 1.000 millones en actividades que hoy directamente no se desarrollan en Argentina, o cuyo grado de desarrollo es apenas experimental o piloto.

Por qué ahora, por qué así?
El diagnóstico del Ejecutivo es explícito: décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva y restricciones cambiarias dejaron al país al margen de sectores que hoy definen la economía global. Inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, la cadena de valor del uranio. Argentina tiene los recursos naturales —litio, cobre, uranio— pero no la industria que los transforma.
Hay también un eje geopolítico que el proyecto no esconde: cerca del 80% de la refinación de cobre y litio está hoy en manos de China. Existe un acuerdo regional con Estados Unidos y otros países para desarrollar minerales críticos y su cadena de valor en occidente. El Súper RIGI es, en ese marco, también una señal de posicionamiento internacional.
El primer RIGI ya demostró capacidad de convocatoria: desde su aprobación en julio de 2024 acumula anuncios por cerca de USD 81.000 millones, con proyectos emblemáticos como Vicuña (BHP + Lundin, USD 18.000 millones en San Juan, la mayor inversión privada de la historia argentina), El Pachón y MARA (Glencore, USD 13.500 millones). Pero esa versión se concentró en energía y minería extractiva. El Súper RIGI apunta a dar el salto hacia la industrialización de esos recursos.

Qué ofrece el nuevo régimen: los cuatro pilares

1. Beneficios tributarios
Las empresas adheridas tributan Ganancias al 15%, muy por debajo de la alícuota general. Los dividendos y utilidades pagan apenas 3,5%. Se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, y la deducción de quebrantos sin límite temporal. Además, se pueden utilizar Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el IVA sobre inversiones en activos computables.

2. Beneficios aduaneros
Exención total de derechos de importación y exportación para los bienes e insumos del proyecto. Sin retenciones ni aranceles que erosionen la rentabilidad de las nuevas industrias.

3. Beneficios cambiarios
Libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20% el primer año, 40% el segundo, 100% a partir del tercero. También se exceptúa de la obligación de liquidar divisas provenientes de aportes de capital y financiamientos vinculados al proyecto.

4. Seguridad jurídica por 30 años
Estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social por tres décadas desde la fecha de adhesión. Protección frente a actos confiscatorios o expropiatorios. Arbitraje internacional para controversias con el Estado. El régimen también fija una alícuota única del 10% para contribuciones patronales sobre los nuevos empleos generados.

La arquitectura jurídica: los VPU
Un elemento central del diseño es la figura del Vehículo de Proyecto Único (VPU): una sociedad creada exclusivamente para desarrollar cada proyecto adherido, con activos dedicados únicamente a esa iniciativa. Esta estructura busca garantizar transparencia, trazabilidad de la inversión y la separación clara entre el régimen especial y otras actividades de los grupos inversores.
El plazo para presentar solicitudes de adhesión es de 5 años, con posibilidad de prórroga única de un año. Las empresas deberán comprometer al menos el 20% de la inversión mínima dentro de los primeros dos años.
Un punto de diseño deliberado: quienes ya ingresaron al RIGI original no podrán adherirse al Súper RIGI, y tampoco proyectos similares a los ya presentados bajo el esquema vigente. La lógica es evitar superposiciones y reservar el nuevo régimen para actividades genuinamente novedosas en el tejido productivo nacional.

La condición que involucra a las provincias
El proyecto incluye una cláusula con implicancias federales: para que los beneficios nacionales tengan alcance pleno, las provincias y municipios deberán adherir expresamente a la norma y asumir compromisos concretos de moderación fiscal y previsibilidad normativa. El Ejecutivo sostiene que los incentivos nacionales no pueden verse neutralizados por cargas locales incompatibles con la magnitud de las inversiones que se pretende atraer.

El debate que se abre
No todos miran con el mismo entusiasmo. Economistas del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) señalan que crear un Súper RIGI sin resolver las causas de fondo replica el mismo problema en una escala mayor: el verdadero obstáculo a la inversión no es la falta de incentivos formales, sino la persistencia de un contexto general que desincentiva canalizar ahorros hacia la producción.
Hay también una pregunta que los números del RIGI original no responden por sí solos: de los proyectos aprobados hasta ahora, ninguna empresa extranjera ingresó a Argentina por primera vez gracias al régimen. Todas las compañías foráneas participantes ya tenían operaciones o activos en el país. El Súper RIGI, con su foco en industrias inexistentes, intenta precisamente corregir esa limitación —pero el test definitivo lo dará el mercado.

Argentina en el mapa global de las industrias del futuro
Desde la perspectiva de la integración internacional, el Súper RIGI es también una declaración de intenciones. En su mensaje al Congreso, el Ejecutivo afirma que la iniciativa busca posicionar a Argentina "como un destino de inversión de primer nivel mundial en industrias del futuro", y subraya que su lógica no es favorecer al capital en abstracto, sino vincular los incentivos con resultados tangibles: empleo genuino, transferencia de tecnología y desarrollo de cadenas productivas locales.

Para un país que lleva dos años reconstruyendo credibilidad ante los mercados internacionales —con exportaciones que crecieron 45% en volumen desde diciembre de 2023 y un superávit comercial en máximos desde 2009—, el Súper RIGI es el próximo capítulo de una apuesta sostenida.

El Congreso tendrá ahora la palabra y los argentinos seguiremos esperando.