El Senado de la Nación aprobó el jueves 29 de octubre, con apenas dos votos en contra, el Marco Regulatorio del Mercado de Carbono, la ley que fija reglas para generar y comercializar créditos de carbono en la Argentina. El texto unificado tomó como base el proyecto de la senadora Flavia Royón (Salta) e incorporó aportes de los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones), entre otros. La iniciativa ya llegó a la Cámara de Diputados, donde fue girada a las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y de Presupuesto y Hacienda.

La ley no crea un mercado obligatorio. Lo que hace es definir qué es un crédito de carbono para el derecho argentino, quién es su titular y cómo se autoriza su salida al exterior. Entre sus puntos centrales:

Para entender por qué la ley importa en términos económicos hay que mirar el precio. Hoy los proyectos argentinos venden casi exclusivamente en el mercado voluntario, donde empresas compran créditos para compensar emisiones por decisión propia. Ese mercado paga en promedio entre USD 6 y USD 22 por tonelada, un valor que no alcanza a cubrir el costo del capital invertido a largo plazo. En cambio, mercados regulados como el de Singapur, el esquema CORSIA de la aviación internacional o el mecanismo CBAM de la Unión Europea pagan entre USD 27 y USD 90.

La llave para acceder a esos segmentos es una figura técnica: la autorización del país de origen. El artículo 6 del Acuerdo de París y CORSIA pagan más por las toneladas que llegan con autorización del país anfitrión y el llamado ajuste correspondiente, que garantiza que una misma reducción no se cuente dos veces. Sin un marco legal que permita a la Nación otorgar esas autorizaciones, los créditos argentinos quedan confinados al segmento voluntario, el de menor precio y mayor volatilidad. Por eso la ley distingue entre créditos para el mercado local y voluntario, y unidades transferibles que pueden venderse afuera con aval del Estado.

Las estimaciones son amplias y dependen de la evolución de precios y demanda, pero muestran la escala de la oportunidad:

El momento no es casual. El mercado internacional está migrando de compradores voluntarios a compradores con obligaciones. Según la consultora Sylvera, los compradores voluntarios representaron cerca del 85% de la demanda final de créditos en 2025, y esa cuota caería a alrededor del 30% hacia 2033, a medida que CORSIA, los esquemas nacionales de cumplimiento y el artículo 6 compitan por la misma oferta. Solo CORSIA enfrenta una demanda de compensación de unos 200 millones de toneladas de CO2 para enero de 2028, muy por encima de la oferta elegible disponible.

En ese escenario, las cartas de autorización de los gobiernos se convirtieron en el principal filtro de valor de los créditos bajo el artículo 6. Los países que no puedan emitirlas quedan afuera del segmento que más paga. América Latina aparece bien posicionada por su potencial en proyectos forestales, agrícolas y de conservación. El debate climático global, visible en citas como la COP30 en la Amazonia, y una concentración de CO2 que sigue marcando récords, refuerzan esa tendencia.

La Argentina llega con retraso. Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú ya desarrollaron marcos regulatorios para esta actividad, y la propia Royón advirtió durante el debate que el país se estaba quedando atrás por no tener reglas propias. En un mercado donde los inversores comparan jurisdicciones, esa ausencia funciona como una desventaja competitiva concreta.

Para la diplomacia económica, el tema abre además un canal de vinculación nuevo. Los créditos de carbono conectan comercio, inversión, cooperación técnica y política climática, y pueden convertirse en un punto de encuentro con países y empresas que necesitan cumplir compromisos ambientales.

No todo es entusiasmo. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió que la creación de un mercado de carbono no garantiza por sí sola mayor ambición climática, y que la compra de créditos no equivale necesariamente a una reducción de las emisiones propias de quien los adquiere. La organización reclama estándares mínimos comunes, salvaguardas ambientales y sociales, y criterios claros para distribuir los beneficios.

Desde el análisis económico también se señalan riesgos para la etapa de reglamentación: una autoridad de aplicación sin presupuesto ni capacidad técnica de auditoría podría convertir al ReNaRe en un registro formal sin control real; la falta de coordinación entre provincias podría repetir la aplicación dispar de la Ley de Bosques Nativos; y el mercado internacional castiga a los créditos de baja calidad.

La media sanción es una señal clara, pero todavía no es ley. Si Diputados completa el proceso y la reglamentación garantiza controles creíbles, la Argentina podría transformar su potencial natural y productivo en un activo exportable de alto valor, con impacto en divisas, inversión y desarrollo regional. Si las reglas quedan a medias, seguirá vendiendo a precio de mercado voluntario lo que el mundo regulado paga varias veces más.