Diputados comenzarán a discutir la declaración de la telefonía móvil como servicio público

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Las quejas de los usuarios por los “abusos” y la calidad del servicio de telefonía móvil son una constante. En línea con ese reclamo, legisladores de todo el arco político vienen presentando desde hace años proyectos de ley para declarar a la telefonía móvil como “servicio público”.

Las iniciativas cuentan con el respaldo de asociaciones de consumidores y, aunque con algunas diferencias, todas van en la misma dirección: pretenden que sea el Estado el que regule el servicio, verifique el cumplimiento de las inversiones previstas y fije el precio de las tarifas, que hoy queda librado a la decisión de las empresas.

Complaints from users for the “abuse” and the quality of service for mobile phones are a constant. In line with this claim, lawmakers across the political spectrum for years been presenting bills to declare mobile phones as “public service.”

Initiatives backed by consumer associations and, although with some differences, all going in the same direction that the state intended to regulate the service, to verify compliance with planned investments and fixed price tariffs, today is left to the decision of firms.

En ese marco, la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, que preside Mario Oporto (FpV) convocó a debatir los proyectos el próximo martes a las 17, aunque sólo será el puntapié inicial de una decisión cuya última palabra tiene el Poder Ejecutivo.

En noviembre pasado, la Comisión de Defensa del Consumidor había recibido a directivos de la empresa Movistar, quienes rindieron cuentas sobre las reiteradas fallas en el servicio, en una reunión donde también participó el gerente de control de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Pedro Panichelli.

Este año, nada menos que siete diputados presentaron proyectos, todos de diferentes bloques: Adriana Puiggrós (FpV), Hugo Maldonado (UCR), Alicia Comelli (MPN), Mario Das Neves (Trabajo y Dignidad), Pablo Javkin (CC-ARI), Gladys González (Unión Pro) y Bernardo Biella Calvet (Udeso).

En el Senado, el jefe del bloque socialista, Rubén Giustiniani, es el principal impulsor de esta regulación, que a principios de mayo comenzó a ser debatida en el seno de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

En esa oportunidad, la presidenta del Cuerpo, la oficialista Liliana Fellner, reconoció la “voluntad política” de su bloque para avanzar en la declaración de la telefonía móvil como servicio público, pero el tema no volvió a tratarse.

Parlamentario.com

In this context, the Committee on Communications and Information Technology of the House of Representatives, chaired by Mario Oporto (FPV) convened to discuss the draft next Tuesday at 17, but will only be the kickoff of a decision whose last word has the Power Executive.

Last November, the Consumer Protection Commission had received Movistar company executives, who were held accountable for the repeated failures in service, at a meeting where the manager also took control of the National Communications Commission (NCC), Pedro Panichelli.

This year, no less than seven deputies presented projects, all of different blocks: Adriana Puiggrós (FPV), Hugo Maldonado (UCR), Alicia Comelli (MPN), Mario Das Neves (Work and Dignity), Paul Javkin (CC-ARI) Gladys Gonzalez (Union Pro) Calvet and Bernardo Biella (UDESO).

In the Senate, the head of the socialist bloc, Rubén Giustiniani, is the main proponent of this regulation, in early May began to be debated within the Commission Systems, Media and Freedom of Expression.

On that occasion, the president of the body, the official Liliana Fellner, acknowledged the “political will” of your block to progress in the declaration of the mobile phone as a public service, but the topic is not discussed again.

Parlamentario.com

Traduction by Google Translator

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