Opinión

La Paz, un anhelo universal que Colombia reclama

Una paz total que no ahogue la paz posible en Colombia

Por Catalina Gil Pinzón Experta en política de drogas y seguridad en Colombia.

Una paz total que no ahogue la paz posible en Colombia, un verdadero desafío para Petro

La última semana de agosto, Alfonso Prada, ministro del Interior de Colombia, radicó en el Congreso un proyecto de ley que pretende ser la hoja de ruta de una de las principales apuestas del nuevo gobierno: la paz total.

Un término constantemente mencionado por el presidente Gustavo Petro, su gabinete y aliados, que produce un espectro de reacciones.

Desde la esperanza y expectativa por ubicar a la paz nuevamente en el centro de la agenda pública, las dudas y la profunda preocupación por ser una apuesta demasiado ambiciosa que llegue a sobrepasar la capacidad estatal, los cálculos y las buenas intenciones, así como el rechazo por considerarse una apuesta que va a promover la “impunidad total” y a favorecer a criminales.

La paz total emergió a la opinión pública por dos grandes momentos políticos: la intención de reactivar las negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la propuesta de acogimiento a otros grupos armados al margen de la ley.

A grandes rasgos, con el primer grupo habrá una mesa de negociación con el objetivo de llegar a un acuerdo de paz mientras con los segundos habrá un diálogo, sin negociación, para acogerse a la justicia, incluyendo beneficios jurídicos a cambio de entregar información sobre las rutas del narcotráfico y el desmantelamiento de las estructuras criminales.

Todo ello se pretende ahora articular a través de un nuevo proyecto de ley. El senador Iván Cepeda, aparente vocero y líder de esta iniciativa, se ha dedicado a explicar el contenido de este proyecto por medio de sus redes sociales y en diversos medios de comunicación: aunque la norma no parte de cero e intenta recoger experiencias e iniciativas pasadas en esta cuestión, constituye en esencia un intento de redefinir los caminos legales (una hoja de ruta) para iniciar negociaciones de paz, diálogos y acogimiento a la justicia con diversos grupos armados al margen de la legalidad.

A falta de conocer más detalles de la norma, se anticipan al menos tres enormes barreras concretas para su implementación efectiva. Primero, para lograr la tan anhelada paz total es necesario contar con una estrategia de seguridad clara y el concepto de seguridad humana (incorporado en el proyecto de ley y discurso del gobierno) es hasta ahora un eslogan y un término más.

Como recomienda el Informe Final de la Comisión de la Verdad, es fundamental una nueva visión de seguridad en Colombia.

Por ahora, parece que tenemos más información sobre lo que no harán más que de lo contrario. Sin una estrategia clara de seguridad, el resultado será comunidades más desprotegidas y grupos armados con mayor poder económico, social y territorial.

A continuación, e íntimamente relacionado con el punto anterior, están las expectativas —quizá poco realistas— del abandono de las economías ilegales en general y del narcotráfico en particular por parte de todos los grupos armados con quienes se negociaría y dialogaría. Por supuesto que necesitamos —y son muy válidas— las iniciativas que promuevan el bienestar y la descriminalización de las personas que cultivan coca.

Pero seamos honestos: mientras haya una demanda poderosa por consumir cocaína (aproximadamente 21.5 millones de personas) hay pocos incentivos para que la mayoría de los miembros de estos grupos abandonen el negocio y se acojan a la justicia.

Aunque cambiar el paradigma de la guerra contra las drogas ha estado en el centro del discurso de Petro, sigue habiendo una timidez respecto a regular la cocaína.

Es esencial continuar y fortalecer la conversación (nacional, regional e internacional) sobre la regulación de las sustancias y de los cultivos declarados ilícitos.

Este puede ser un paso más realista para afectar realmente el mercado ilegal de las drogas.

Por último, no se adivina priorización alguna a un enfoque que pretende volverse transversal.

No solo se trata de parar la violencia. La paz total tiene que ver con fortalecer capacidades locales y el sistema de justicia, tener una verdadera coordinación interinstitucional y de agendas, brindar oportunidades a jóvenes en situación de riesgo, fortalecer economías, construir nuevas relaciones entre Estado y ciudadanía.

No está mal ser ambiciosos, pero hay que ser realistas sobre la capacidad de nuestro Estado, los tiempos y que muchas veces, cuando los enfoques son transversales, holísticos e integrales, son todo y nada a la vez.

Estas barreras especificas se cruzarán con una que les antecede y probablemente condiciona a todas las demás: la política. ¿Cómo explicar a los menos creyentes todo este complejo entramado de propuestas? No podemos olvidar que al parecer en Colombia no estamos de acuerdo en cómo conseguir una paz que en cualquier caso todos anhelamos.

No en vano poco más de 10 millones y medio de personas, por diversas razones, rechazaron el proyecto de país que representa Gustavo Petro. Además, hay una oposición que está en disposición de representar estas posiciones y, por incentivos políticos obvios en una democracia, permanece atenta a ver si el presidente y esta propuesta en especial fracasan.

El gobierno deberá tener la prudencia, capacidad y paciencia de explicar los detalles de las negociaciones y diálogos que se quieren adelantar, sin caer en el error de ser soberbios y de tachar de “enemigos de la paz” a las personas que tengan críticas, dudas o no estén de acuerdo con lo planteado (esto ya lo debimos aprender con el plebiscito de 2016).

¿Se conoce bien al ELN con el que hoy se quiere negociar? ¿Qué van a negociar? ¿Cómo creer en la voluntad de esta guerrilla cuando al parecer no confían en la paz total? ¿Qué garantías traen los acuerdos parciales? ¿Es acertado negociar y dialogar mientras no haya un cese al fuego unilateral? ¿Cómo es eso de negociar al tiempo con varios grupos armados, de diversas zonas, con modus operandi diferentes? ¿Cualquier grupo armado que pida acogerse a la paz total lo puede hacer? ¿Hay una estrategia especial para los mandos medios que usualmente son los más difíciles de conquistar? ¿Cómo garantizar que no haya impunidad?

En todas esas dudas se compromete el éxito de este gobierno, que se juega su futuro y el de su propuesta política: aun sin plebiscito de por medio, siempre hay elecciones y en cuatro años se le puede castigar.

Pero sobre todo se juega la opción a medio y largo plazo de una paz factible, alcanzable, en definitiva, posible. Y se la juega por tratar de lograr una paz total.

Porque cabe celebrar la voluntad política que tiene este gobierno para mover la agenda de la paz, pero por falta de pragmatismo ojalá no terminemos con muchas sillas vacías, una desesperanza generalizada, y con un país aún más dividido respecto a cómo alcanzarla finalmente.

Extractado por ACERCANDO NACIONES del The Washington Post

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Por Catalina Gil Pinzón