Economía

El aporte solidario a las grandes fortunas

El aporte solidario a las grandes fortunas

Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, ayer comenzó a discutirse el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas en el Senado, con lo cual es probable que en los próximos días se defina su aprobación.

La discusión del proyecto -que se viene dando desde el inicio de la pandemia- generó muchísimos debates, con lo cual, dada su proximidad en la sanción, resulta un momento propicio para analizarlo y ponerlo en contexto.

Los puntos centrales del proyecto

Como indica su nombre, es una medida que se aplica por única vez para la obtención de recursos adicionales que contribuyan al financiamiento del incremento en el gasto público que provocó la pandemia.

Quienes estarán alcanzados por el aporte serán las personas (no las empresas) que al momento de la promulgación de la ley tengan un patrimonio declarado superior a los $200 millones. A dichas personas se les cobrará una alícuota creciente que va en función del patrimonio (2% al 3,5%). Asimismo, a quienes tengan su patrimonio declarado en el exterior se les cobrará un 50% adicional sobre la alícuota correspondiente. Por ejemplo, una persona que tiene un patrimonio de $200 millones dentro de Argentina pagaría $4 millones (el 2%), mientras que una persona que tiene $1.000 millones en el exterior pagaría $45 millones (el 4,5%, o sea el 3% más un 50% adicional). El cuadro a continuación refleja las distintas posibilidades.

Tabla de alícuotas del proyecto de ley

Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso.

Según un estudio de la AFIP realizado para la Cámara de Diputados, el universo potencial de personas alcanzadas asciende a 9298 personas. Sin embargo, ayer su titular, Mercedes Marcó del Pont, dijo ante el Senado que van a terminar siendo 11.855 (por el aumento del tipo de cambio, que impulsa al alza los activos en dólares). Esto representa el 0,03% de la población total.

Lo recaudado tendrá una asignación específica que se distribuirá de la siguiente manera:

  • 20% para gastos en salud (equipamiento, insumos, vacunas, etc.) para la prevención y asistencia sanitaria

  • 20% en subsidios a las pymes

  • 20% para las becas de estudio Progresar

  • 15% en mejoras de las condiciones habitacionales y de salud de los barrios populares

  • 25% en programas de exploración y producción de gas natural

Según el estudio de la AFIP, la recaudación del aporte sería de aproximadamente $307.000 millones, lo que representa el 1,1% del PBI de 2020 (tomando como referencia las proyecciones macroeconómicas del presupuesto).

¿Para qué sirve el Aporte Solidario?

El principal motivo de la introducción de este aporte es claramente recaudatorio; en realidad, técnicamente es de financiamiento. Como analizamos previamente, la pandemia llevó al gobierno a tener que incrementar significativamente el gasto para sostener a las empresas y a las personas más afectadas (algo que sucedió en todos los países del mundo). Eso derivó en un déficit fiscal sumamente elevado, que según las proyecciones del presupuesto se ubicaría en torno al 10,5% del PBI.

Ahora bien, al descontar el efecto que provocó el COVID-19 (IFE, ATP, congelamiento de tarifas, exenciones impositivas, pérdida de recaudación, etc.) se observa un déficit fiscal prácticamente idéntico al del año anterior (beneficiado también por el menor pago de intereses de la deuda en 2020 debido a su reestructuración).

Evolución del déficit fiscal total (en % del PBI)

Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto 2021.

La gran diferencia del caso argentino frente al resto, y allí su principal problema, fue el financiamiento del déficit fiscal. De las tres formas que comúnmente se utilizan (colocaciones de deuda en los mercados internacionales, en el mercado local o financiamiento directo con el Banco Central), el gobierno tenía prácticamente bloqueadas las dos primeras debido al elevado endeudamiento contraído por la gestión de Cambiemos y el posterior proceso de reestructuración de la deuda que tuvo que llevar a cabo. Por lo tanto, la gran mayoría del déficit se financió directamente a través del BCRA, que generó un excedente importante de liquidez que contribuyó al salto de la brecha cambiaria observado a fines de marzo.

A partir de lo anterior se puede apreciar la lógica detrás de la introducción del aporte a las grandes fortunas, que es precisamente la de obtener una fuente de financiamiento adicional del déficit fiscal –pequeña, por cierto, ya que no llega a cubrir el 10% del total- para no seguir recurriendo a la emisión monetaria y de ese modo, morigerar sus efectos desestabilizantes en el frente cambiario.

¿Por qué aporte solidario de las grandes fortunas?

Las alternativas para financiar el déficit fiscal -sin recurrir a la emisión de dinero- son dos: emitir deuda o aumentar la capacidad recaudatoria. En relación a lo primero, si bien el financiamiento neto de la deuda fue mejorando en los últimos meses, no alcanza para financiar la totalidad del déficit. Es por ese motivo que la alternativa restante es la de incrementar la carga tributaria, donde la decisión de que recaiga sobre las “grandes fortunas” se basa en un criterio de equidad, ya que si bien la pandemia afectó a toda la población, los sectores de mayores ingresos fueron los menos perjudicados. 

Para tener una dimensión más precisa de las magnitudes y poder comparar mejor, con este aporte que van a realizar unas 11200 personas sería más que suficiente para financiar las tres rondas del Ingreso Familiar de Emergencia que recibieron unas 9 millones de personas (cuyo gasto total fue de $265.171 millones). O sea, con el aporte del 0,03% de las personas de mayores ingresos se logra sostener parte del poder adquisitivo del 20% de la población más vulnerable.

Por más que la decisión tenga mucho sentido, no quita que no sean válidos los reclamos que siempre surgen en estos casos de sectores beneficiados injustamente por la política impositiva argentina, como la exención del impuesto a las ganancias del Poder Judicial -que según el presupuesto 2021 representa una pérdida de $41.300 millones- o el régimen del monotributo, donde un empleado en relación de dependencia puede llegar a pagar 5 veces más en impuestos que un monotributista con el mismo nivel de ingresos (los datos de esta nota quedaron desactualizados, pero las proporciones se mantuvieron relativamente estables).

En una línea similar se encuentra el argumento de la evasión fiscal, no solo por la injusticia de que se aumente la carga sobre quienes hacen las cosas bien sino porque además puede fomentar al aumento de la evasión. Por ejemplo, según el IARAF, la evasión del IVA en 2020 significa una pérdida para el fisco de entre $550.000 y $600.000 millones (casi el doble del aporte solidario). Pero, por otro lado, también hay que destacar que según el informe de AFIP, el 92% del total de bienes y activos declarados por los contribuyentes alcanzado por el aporte a las grandes fortunas se encuentran fuera del país.

Hace unos días la Unión Industrial Argentina publicó un análisis donde utilizan como ejemplo dos “empresas pymes” (una industrial y otra del sector agroexportador), y a partir de eso concluyen que el aporte “grava los recursos que se destinan a la inversión”. Hay que marcar que esos ejemplos no pueden ser nunca representativos del sector, ya que el aporte recae sobre 12.000 personas, que aún si todas fueran dueñas de pymes (algo bastante dudoso), representarían menos del 3% del total de las empresas que hay en el país (unas 500.000). En segundo lugar, con esa lógica también deberían haber mencionado los beneficios que recibieron, en particular el ATP, que fue otorgado a más de 300.000 empresas y cuyo monto total supera los $175.000 millones. Al ser de carácter transitorio (se paga una sola vez) no debería afectar decisiones de mediano/largo plazo como son las inversiones, aunque hay varios antecedentes de impuestos transitorios que vinieron para quedarse, como el impuesto al cheque.

Otro argumento esgrimido por la UIA es de carácter legal, dado que sostiene que el proyecto “afecta los principios constitucionales de confiscatoriedad, capacidad contributiva y retroactividad respecto de la condición de residente”. Si bien no es la especialidad de este newsletter, hay algunos antecedentes de impuestos de emergencia que fueron luego declarados inconstitucionales por la Corte Suprema, con lo cual es probable que esto sea un argumento del que los contribuyentes se valgan para ir a reclamar a la justicia.

En suma, el Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas tiene como principal objetivo generar una fuente de financiamiento adicional para el elevado déficit fiscal que tuvo el gobierno este año, buscando al mismo tiempo obtener esos recursos del sector de mayores ingresos y el que menos se vio afectado por la pandemia. No obstante, como todo aumento de la carga tributaria, eso generó bastante debate y levantó argumentos en contra, algunos razonables y otros no tanto. Frente a eso, la pregunta de fondo siempre es la misma: ¿Cuál hubiese sido una mejor alternativa?

Fuente Cenital

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